En un giro sorprendente, se ha desatado un escándalo dentro de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) tras el despido de dos agentes de investigación acusadas de malversación durante un operativo en un motel, desenterrando así una red de corrupción de mayor alcance.
Las despedidas, Esmeralda “N” y Sofía “N”, fueron destituidas de sus cargos después de que circulara un video en las redes sociales que las exhibía sustrayendo dinero en efectivo durante un allanamiento realizado en el Hotel Paraíso 23, ubicado en las proximidades del centro de Cancún.
Esta situación ha puesto en tela de juicio la integridad de la institución y ha arrojado luz sobre prácticas generalizadas de corrupción arraigadas en la Fiscalía, socavando su eficacia y credibilidad en materia de seguridad.
Aunque el cateo tenía como objetivo original rescatar a una menor que estaba siendo explotada sexualmente, terminó por sacar a la luz las acciones condenables de las agentes, evidenciando también la existencia de una red de complicidad que alcanza altas esferas.
El manejo de este caso estaba bajo la supervisión del comandante Pablo Huerta Soto, superior directo de Esmeralda y Sofía, quienes, según fuentes internas, tenían un historial previo en el área de inteligencia de la FGE.
Las acusaciones apuntan también a la complicidad de altos funcionarios, entre ellos el director general de la Policía de Investigación, Pedro León Toro, quien presuntamente recibía parte del “botín” obtenido ilegalmente por comandantes de las comandancias.
Se sugiere que estos fondos terminaban en manos del fiscal general, “El Maestro” Raciel López Salazar, a través de Pedro León Toro, evidenciando un entramado corrupto a niveles superiores.
Las acusaciones recaen igualmente sobre el Fiscal General Raciel López Salazar, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por actos corruptos, aunque actualmente intenta proyectar una imagen de “integridad” para salvaguardar su reputación pública.
Se especula que habría ejercido presión sobre Sofía y Esmeralda para desviar la atención de sus propias acusaciones y continuar con prácticas indebidas que han marcado su carrera.
Más allá de ser un simple caso de despido de agentes, este acontecimiento revela un sistema de corrupción tolerado e incluso respaldado por altos cargos dentro de la Fiscalía, según rumores y denuncias.
La sociedad exige una investigación exhaustiva que desmantele esta red de complicidad y devuelva la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad pública.
