En Quintana Roo, el Gobierno ha tomado medidas drásticas tras descubrir una serie de irregularidades en la gestión de la deuda pública. Una cantidad monumental de mil millones de pesos, inicialmente adeudada a proveedores por supuestos bienes y servicios prestados al Estado, ha sido eliminada luego de una minuciosa revisión.
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eugenio Segura Vázquez, comunicó que esta anulación es definitiva y surge como resultado de una exhaustiva auditoría financiera realizada por expertos en la materia.
Se identificaron múltiples inconsistencias en la documentación, particularmente durante el periodo fiscal que abarca desde 2015 hasta 2017, y en años más recientes, relacionados con la administración previa liderada por Carlos Joaquín González. Empresas presuntamente presentaron documentos falsos para respaldar la entrega de productos o servicios al gobierno de Quintana Roo.
Este millardo de pesos desechado se suma a una cifra superior a los 3 mil millones ya liquidados por el Gobierno estatal. Estos pagos se dirigieron mayormente a comerciantes locales afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), así como a empresas farmacéuticas que suministran medicamentos al sector salud estatal. Además, se han saldado deudas pendientes con instituciones como el ISSSTE y el SAT, según explicó Segura Vázquez.
La magnitud de esta eliminación representa más de la mitad de la deuda pública a corto plazo heredada de administraciones anteriores, que ascendía a siete mil 150 millones de pesos. Del total, el 97% estaba destinado a proveedores y el 3% restante a instituciones como el SAT y el ISSSTE, a las cuales no se les habían transferido las retenciones correspondientes a las cuotas obrero-patronales y el ISR, respectivamente.
