La gobernadora Mara Lezama tiene como punto central la especialización del personal encargado de investigar y perseguir delitos.
El Congreso de Quintana Roo, de manera unánime, ha dado luz verde a reformas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la intención de llevar a cabo una reorganización administrativa que acelere y optimice la administración de justicia.
Hugo Alday Nieto, quien preside la Comisión de Justicia, ha subrayado que esta modificación propuesta por la gobernadora Mara Lezama Espinosa tiene como objetivo primordial la especialización de los profesionales dedicados a la investigación y persecución de delitos.
Esta reorganización de la fiscalía implica la creación de tres unidades de Fiscalía de Distrito, divididas geográficamente en las zonas norte, centro y sur del estado. Estas unidades se encargarán de aligerar la carga de trabajo y agilizar los procedimientos.
La reforma también contempla la formación de 18 fiscalías especializadas, con el fin de enfocar las investigaciones en delitos específicos dentro de su jurisdicción, garantizando así una procuración de justicia eficaz.
Otras modificaciones aprobadas incluyen la creación de un Consejo del Ministerio Público que servirá como un órgano auxiliar y la establecimiento de Direcciones de la Construcción de la Paz, encargadas de desarrollar políticas, programas y proyectos para educar a la comunidad sobre las funciones de la FGE.
El impacto financiero previsto para la implementación de esta reorganización asciende a 333 millones 684 mil 581 pesos, los cuales deberán ser considerados en el Presupuesto de Egresos de 2024.
El legislador enfatizó: “Ya hemos reformado la Secretaría de Seguridad Pública a la de Seguridad Ciudadana, pero era igualmente necesario reformar la entidad responsable de la procuración de justicia. No sirve de nada que los agentes detengan a los delincuentes si, al final, quedan en libertad debido a fallos en el proceso”.
Se espera que la reforma sea publicada en los próximos días en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, antes de que la Fiscalía presente su propuesta presupuestaria para 2024 al Congreso, considerando así los gastos requeridos para la implementación de esta reestructuración.