El Pentágono ha dado un paso crucial en la lucha contra los abusos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al abrir una nueva puerta para las víctimas, permitiéndoles buscar justicia fuera de la jerarquía militar.
Hasta este momento, los delitos de índole sexual eran manejados por líderes militares, lo que desafortunadamente llevaba a una escasa persecución de los culpables y al temor de represalias al reportar estos crímenes.
Ahora, una nueva estructura compuesta por oficinas de asesoramiento legal especializado, dirigidas por jueces independientes, tomará las riendas en casos de abuso y acoso sexual, junto con otros delitos graves. Estas oficinas reportarán directamente a los altos mandos militares.
Estas entidades, que comienzan su labor hoy mismo, se encargarán de analizar casos de abuso sexual, homicidio, secuestro y violencia de género, entre otros.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha calificado este cambio como la transformación más significativa en el sistema de justicia militar desde la instauración del Código Uniforme de Justicia Militar en 1950.
El propósito primordial es robustecer los mecanismos de responsabilidad y restaurar la confianza de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en la imparcialidad y la integridad del sistema judicial militar.
Según datos actualizados hasta septiembre de 2022, un 8.4% de las mujeres en las Fuerzas Armadas de EE. UU. fueron víctimas de acoso o abuso sexual en 2021, marcando la cifra más alta desde que se comenzaron a registrar estos incidentes en 2006.
Tanto los demócratas como los republicanos del Congreso han estado presionando al Pentágono durante años para que tome medidas más firmes contra el acoso y abuso sexual.
El trágico caso de Vanessa Guillén, una soldado asesinada en 2020 en Fort Hood, Texas, después de sufrir abusos persistentes, generó una amplia repercusión a nivel nacional y ha dejado al descubierto la urgente necesidad de reformas en la forma en que se investigan estos crímenes dentro de las Fuerzas Armadas.
