Según revelaciones de la gobernadora estatal, Mara Lezama Espinosa, el Gobierno del Estado de Cancún se ve obligado a desembolsar mensualmente una cantidad superior a los 50 millones de pesos debido a una deuda “excesivamente gravosa” dejada por la administración anterior, relacionada con el equipamiento del C5. Durante una entrevista matutina tras liderar una ceremonia de entrega de patrullas, Lezama Espinosa detalló que esta deuda se eleva a más de mil millones de pesos en total. Esta situación dificulta considerablemente la posibilidad de adquirir más equipamiento policial, a pesar de la inversión de 2 mil millones de pesos realizada por el gobierno estatal para obtener las unidades entregadas recientemente.
“Se destinan 57 millones de pesos mensuales, una parte significativa del presupuesto corriente del Gobierno del Estado, para hacer frente a esta deuda. Por eso, recalqué la complejidad de lograr esta inversión histórica, ya que arrastramos un pasivo que habíamos heredado y que ya habíamos mencionado en su momento”, destacó la gobernadora. Asimismo, Lezama Espinosa hizo hincapié en la obligación del gobierno estatal de saldar esta deuda, ya que existe el riesgo de que los ciudadanos acaben pagando los intereses si se cae en morosidad.
“No deseamos que el pueblo sea quien asuma la carga, ya que a menudo se dice ‘que lo pague la siguiente administración’, pero en realidad es el pueblo quien paga. El pueblo paga los intereses cuando se solicitan créditos con altas tasas de interés a corto plazo. Si no afrontamos nuestra responsabilidad de realizar los pagos, el pueblo terminará pagando las consecuencias. Todavía nos quedan varios meses por delante”, subrayó la gobernadora.
En otro ámbito, Mara Lezama Espinosa enfatizó que el Gobierno de Quintana Roo no se someterá a ser rehén de ninguna circunstancia ni entidad, al referirse a los problemas de escasez de agua provocados por la concesionaria Aguakan en los municipios del norte de la región. Además, mencionó que el equipo legal de la administración estatal se encuentra actualmente revisando todos los aspectos relacionados con la concesión de Aguakan en dichos municipios, con el objetivo de revocarla.
“Estamos brindando apoyo a los municipios para que encuentren soluciones a los problemas de abastecimiento de agua mediante el uso de pipas. Sin embargo, también es necesario evaluar la legalidad de los contratos desfavorables y altamente ventajosos para la empresa”, resaltó. Frente a la pregunta directa sobre si la concesión de Aguakan será revocada, la gobernadora señaló que están trabajando conjuntamente con los asesores legales para lograr este objetivo.
Asimismo, mencionó que ya ha mantenido conversaciones con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que los problemas en el suministro eléctrico desemboquen en una escasez de agua.
