En un paso adelante para el desarrollo del ambicioso proyecto del Tren Maya en el sureste de México, el gobierno federal ha anunciado la adquisición de 94 nuevas propiedades de utilidad pública. Estos inmuebles abarcan un área total de 774,456.110 metros cuadrados, y dentro de ellos se encuentran ocho ubicados estratégicamente en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Tulum, en el estado de Quintana Roo.
El decreto que autoriza estas expropiaciones ha sido publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Además de Quintana Roo, se han seleccionado propiedades en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, siendo este último el estado con la mayor cantidad de inmuebles afectados.
Según lo estipulado en el documento, todas estas propiedades serán destinadas a la construcción de infraestructura pública vinculada al proyecto del Tren Maya. Concretamente, se planea llevar a cabo obras en los municipios de Palenque (Chiapas); Tenosique y Balancán (Tabasco); Escárcega, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché (Campeche); y Tixkokob, Maxcanú, Umán, Mérida, Chocholá, Tixpéhual, Kanasín, Cacalchén e Izamal (Yucatán).
En el caso de Quintana Roo, los ocho inmuebles expropiados se encuentran en áreas clave correspondientes al tramo 6 del proyecto ferroviario. De estos, dos están ubicados en Bacalar, uno en Felipe Carrillo Puerto, otro en Othón P. Blanco y los restantes cuatro en Tulum.
El decreto asegura que todas las propiedades en cuestión han sido minuciosamente evaluadas y consideradas apropiadas e idóneas para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya. Estas conclusiones se basan en un Dictamen Técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., la entidad responsable del desarrollo del proyecto.
