Los errores estructurales arraigados en el contrato de concesión de Aguakan, la firma encargada de la gestión y provisión de agua potable en Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, podrían desencadenar la rescisión de dicho pacto.
Jorge Sanén Cervantes, quien desempeña el cargo de regidor en el municipio de Benito Juárez, expresó su firme confianza en que las “anomalías de raíz”, en conjunto con las problemáticas diarias del servicio, desencadenarán la toma de control de esta prestación por parte del gobierno.
Sanén señaló un fallo estructural en la composición del Comité Consultivo del contrato, un ente que, a pesar de estar conformado por representantes oficiales, únicamente posee facultades de carácter administrativo y carece de competencias jurídicas.
Además, el regidor resaltó que los abogados de Aguakan están intentando llevar el caso al ámbito mercantil, a pesar de que la revisión de este contrato es un tema de índole civil.
“Están intentando abordarlo desde una perspectiva comercial, cuando en realidad estamos hablando de una concesión, no de un simple intercambio de bienes y servicios, como se haría en una tienda. Esto es un asunto estrictamente legal, y ya estamos tomando medidas al respecto”, agregó.
En consonancia, destacó que el gobierno tiene la capacidad necesaria para asumir la responsabilidad de este servicio, dado que la infraestructura hídrica es propiedad del Estado y no de la mencionada empresa.
“Si bien tienen la concesión, todo lo que está en juego no pertenece a Aguakan. Ningún individuo es propietario de estos terrenos. Los activos, por así decirlo, son propiedad de los municipios. La clave está en determinar cómo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) puede retomar esta responsabilidad o quién más podría encargarse de ello”, concluyó.
