La compañía Aguakán, responsable del suministro de agua en Quintana Roo, se encuentra en desacuerdo con la acción del Congreso estatal que anuló la extensión de su concesión por 30 años. Según su director, esta medida representa una violación al estado de derecho al no permitirles participar y ser escuchados durante el proceso legislativo.
Paul Rangel, director de Aguakán, enfatizó que la decisión del Congreso no solo privó a la empresa de su derecho a ser escuchada, sino que también invadió funciones que corresponden al Poder Ejecutivo al invalidar la concesión otorgada en cuatro municipios a finales del 2023.
Aguakán asegura haber cumplido con todos los requisitos legales para renovar la concesión en 2014, cuando se aprobó la extensión. Rangel adelantó que la empresa impugnará el decreto y confía en que las instancias judiciales respaldarán la continuidad de la concesión.
Mientras se resuelve la situación legal, Aguakán continuará brindando sus servicios en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. El director hizo hincapié en las inversiones realizadas por la empresa en los últimos años, lo que ha generado confianza en la calidad del servicio y la estabilidad legal.
Rangel subrayó la importancia crucial del estado de derecho para mantener la confianza de los inversionistas. Afirmó que la falta de este principio obstaculiza el desarrollo de proyectos y socava la credibilidad al cambiar decisiones mediante decretos ilegales, sin respetar el derecho de ser escuchado, algo fundamental para cualquier inversionista.
