La Cámara Baja de Estados Unidos, en su mayoría conformada por representantes del partido republicano, dio luz verde el miércoles para formalizar una investigación de juicio político dirigida al presidente Joe Biden.
La decisión de avanzar en estas indagaciones, iniciadas unilateralmente en septiembre por Kevin McCarthy, quien presidía la Cámara en ese momento, fue respaldada con 221 votos a favor y 212 en contra. Los republicanos esperan ahora obtener acceso a información, documentos y testimonios relevantes.
Durante el debate parlamentario, James Comer, al frente del Comité de Vigilancia de la Cámara, criticó la falta de testimonios clave, argumentando la importancia y necesidad de esta pesquisa.
El foco de los republicanos está en supuestos negocios de la familia Biden con naciones consideradas “adversarias”, como China, basándose en las conexiones políticas del presidente.
La acusación apunta a que Biden, cuando era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, habría utilizado su influencia para favorecer a su hijo Hunter y otros familiares en negocios irregulares con estos países.
Comer colabora estrechamente en estas investigaciones con Jim Jordan, del Comité Judicial, y Jason Smith, del Comité de Medios y Arbitrios.
Mike Johnson, actual presidente de la Cámara Baja y también republicano, señaló que los comités han descubierto que la familia Biden recibió más de 15 millones de dólares de entidades extranjeras entre 2014 y 2019, provenientes de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China, además de 9 millones destinados a sus asociados.
A pesar de ser convocado para declarar en privado sobre el tema, Hunter Biden no se presentó, argumentando su deseo de que su testimonio fuera público, lo que llevó a Comer a considerar acciones legales por desacato.
Durante el debate, el congresista demócrata Jim McGovern lamentó que esta investigación sea vista como una extensión de los intentos republicanos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Expresó su preocupación de que aquellos involucrados no estén sirviendo a los intereses de los estadounidenses, sino más bien a los de Donald Trump.
Según la Constitución de EE. UU., un presidente puede ser destituido en un juicio político si comete “delitos o faltas graves”.
La Cámara de Representantes deberá votar para decidir si presenta cargos contra el actual mandatario, aunque la responsabilidad de destituirlo recae en el Senado, donde actualmente los demócratas tienen el control.
