Este domingo, Bernardo Arévalo, figura del partido socialdemócrata, asumió la presidencia de Guatemala con un mandato de cuatro años, marcando así un cambio significativo en el panorama político que durante décadas estuvo dominado por gobiernos conservadores. Sin embargo, su inesperada victoria en las elecciones de agosto no ha estado exenta de desafíos, ya que se enfrenta a la presión judicial ejercida por una Fiscalía bajo intenso escrutinio.
Arévalo se encontró con obstáculos considerables cuando la Fiscalía intentó obstaculizar su participación en la segunda vuelta, a pesar de haber asegurado su lugar con el respaldo de los votantes. Con una actitud previsora, Arévalo advirtió en una entrevista previa a su investidura: “Algo van a intentar”, refiriéndose a tácticas desesperadas de aquellos que “están al borde de perder el control y buscan cualquier medio para evitarlo”.
A pesar de la persecución judicial, un recurso de amparo del Constitucional garantizó su participación en la segunda ronda, donde logró una victoria contundente sobre el oficialismo. Desde entonces, ha sido blanco de una intensa persecución por parte de la Judicatura, con varios de sus miembros incluidos en listas elaboradas por Estados Unidos para señalar a individuos supuestamente antidemocráticos y corruptos.
Entre los afectados se encuentra la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien Arévalo planea solicitar su renuncia, así como los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, quien recientemente instó al Tribunal Supremo Electoral a acatar la suspensión del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo.
La persecución ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales, quienes, en sintonía con las denuncias de Arévalo, han llegado a calificarla como un posible “golpe de Estado técnico”. Además, una parte significativa de la población guatemalteca, descontenta con el “pacto de los corruptos” denunciado por el nuevo presidente, ha expresado su desaprobación ante esta situación.
