En medio de una espiral de violencia sin precedentes en Ecuador, la cifra de víctimas aumenta a diez, incluyendo dos agentes de policía que fueron brutalmente asesinados en Nobol, en la provincia de Guayas, como parte de una ola de crímenes organizados que azotan el país, según reportes locales.
Las últimas víctimas, los cabos segundos Alex Taday y Luis Guanotuña, cayeron bajo el fuego de criminales armados durante los ataques despiadados perpetrados en Nobol.
Previamente, se había informado sobre la trágica muerte de otras ocho personas en los ataques coordinados de la delincuencia organizada en Guayaquil, la ciudad más poblada y capital de Guayas.
La determinación de la Policía Nacional de Ecuador por encontrar y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos delictivos se mantiene firme, expresando su compromiso inquebrantable con la patria.
En respuesta a esta ola de violencia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un decreto reconociendo la existencia de un conflicto armado interno a nivel nacional, ordenando a las fuerzas militares desarticular a 22 grupos del crimen organizado transnacional, designados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Los informes preliminares de las acciones emprendidas contra los perpetradores de estos ataques y actos terroristas revelan que la Policía Nacional ha detenido a 70 personas, liberado a tres agentes que habían sido tomados como rehenes, recapturado a 17 presos fugados y confiscado armamento, municiones, explosivos y vehículos.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha expresado su total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad y la paz en medio de esta escalada de violencia en el país. Asimismo, han anunciado la disposición de aplicar “indultos y/o amnistías” en casos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus deberes.
En un comunicado público, los miembros del poder legislativo ecuatoriano han asegurado trabajar en unidad, dejando de lado las diferencias políticas e ideológicas, y han comprometido un ejercicio del control político con cautela, evitando obstaculizar las funciones de las autoridades públicas y manteniendo un absoluto respeto a la institucionalidad durante este período de excepción.
