En pleno período de celebración de las festividades patrias de noviembre, Panamá se encuentra sumido en un profundo malestar social debido a una serie de masivas manifestaciones y huelgas que han paralizado parcialmente al país.
Bajo el lema “¡Esta patria no está en venta, esta patria se defiende!”, miles de ciudadanos panameños han inundado las calles durante los últimos diez días en rechazo a la aprobación acelerada de un contrato entre el gobierno y la empresa Minera Panamá. Esta compañía busca la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
El descontento generalizado, desencadenado por lo que perciben como una decisión gubernamental inconsulta e inconstitucional, ha resultado en bloqueos de carreteras en todo el país, paralización de múltiples sectores laborales, cierre de escuelas y la cancelación de los desfiles patrios programados para el 3 de noviembre, fecha que conmemora el 120 aniversario de la separación de Colombia.
La magnitud y duración de este nivel de conflicto no se habían visto desde los tiempos de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
En un intento por aplacar las manifestaciones, el presidente Laurentino Cortizo ha anunciado la realización de una consulta popular prevista para mediados de diciembre. El propósito de esta consulta es someter a aprobación o revocación la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina a la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals, con un período inicial de 20 años y posibilidad de prórroga.
