Al establecer los magistrados del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, una Jurisprudencia que indica que “con una solicitud de amparo, se puede detener el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves”, se coloca en peligro a las víctimas de la delincuencia, destaca la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía General de la República, insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a detener esta decisión que viola el artículo 19 constitucional y amenaza la vida de los afectados.
La dependencia federal subraya que esta resolución afectaría a víctimas de delitos como los sexuales, aquellos contra menores, feminicidio, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, entre otros.
Se advierte que esta resolución podría aplicarse en estados con alta incidencia del crimen organizado como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La Fiscalía General de la República rechaza esta medida por el grave riesgo que implica para las víctimas, los ofendidos y los testigos, quienes quedan desprotegidos en términos de sus derechos humanos básicos.
Por tanto, la Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, solicita a la SCJN que clarifique la supremacía constitucional en favor de las víctimas y los ofendidos, conforme al artículo 19 de la Constitución, el cual prevalece sobre cualquier resolución judicial internacional y solo puede ser alterado por el Poder Legislativo de México.
