La propuesta del legislador local Hugo Alday Nieto, que ha sido presentada en el Congreso de Quintana Roo, ha desatado una ola de críticas en medio de la comunidad. La iniciativa busca establecer un sistema de retribución de derechos de autor para la reproducción de música en una variedad de lugares, incluyendo hoteles, restaurantes y supermercados. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con sorpresa y escepticismo por parte de diversos sectores.
David Ortiz Mena, quien ostenta el cargo de vicepresidente en el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, ha expresado su perplejidad ante esta iniciativa, caracterizándola como un intento de involucrar al Estado en lo que considera una cuestión meramente financiera entre actores privados. La analogía con la película “La Ley de Herodes” se ha vuelto recurrente, pues se percibe un intento de torcer las reglas existentes para justificar nuevos cargos.
Ortiz Mena, también líder de la Asociación de Hoteles de Tulum, ha lamentado la falta de consulta con los principales afectados antes de impulsar esta propuesta. Ha señalado que el coordinador del Partido del Trabajo ha avanzado con esta reforma de manera unilateral, sin atender a las inquietudes y necesidades del sector hotelero, que ya se encuentra lidiando con una serie de impuestos y derechos añadidos en los últimos años.
El sector hotelero ha defendido consistentemente que la música ambiental que se reproduce en sus instalaciones no es un generador directo de ingresos. Ortiz Mena ha indicado que los titulares de derechos de autor pueden recurrir a canales administrativos para asegurar la compensación que consideran justa, sin necesidad de involucrar al Estado en el proceso. Además, ha advertido sobre la vulnerabilidad que esta propuesta podría crear, beneficiando solo a un puñado de particulares en detrimento de una industria que históricamente ha sido un pilar del desarrollo local.
La incertidumbre recae ahora sobre cómo se implementaría esta legislación por parte del Gobierno estatal. Queda por verse si se asignarán recursos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para supervisar y hacer cumplir este nuevo sistema de cobro. Ortiz Mena ha subrayado que, en su opinión, asuntos de esta índole deberían ser manejados en un ámbito administrativo, evitando la asignación innecesaria de recursos públicos.
En medio de una serie de desafíos que enfrenta Quintana Roo, como las cuestiones en torno a la Comisión Federal de Electricidad, algunos críticos han expresado que esta propuesta parece ser una distracción de los problemas más acuciantes y una pérdida de recursos escasos. Ortiz Mena ha recurrido a una metáfora poderosa para ilustrar esta preocupación, sugiriendo que así como la región ha sufrido cortes de energía eléctrica, la implementación de esta medida podría resultar en un “apagón” simbólico y literal de la “música” en la vida de la comunidad.
