En medio del debate público, una nueva oleada de nombres emerge en relación con la polémica en torno a los beneficios sociales otorgados por el gobierno. Neri Deyanira Martínez Estrada, quien en el pasado ocupó el cargo de concejal en el ayuntamiento bajo la administración de Laura Beristain Navarrete, se suma a la lista de individuos vinculados a la 4T que han obtenido ventajas de forma irregular.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha amplificado las denuncias que giran en torno a esta cuestión, haciendo hincapié en que las acusaciones de irregularidades siguen en aumento. La administración estatal de Quintana Roo ha respondido tomando medidas con la suspensión de las funcionarias señaladas de sus posiciones y el lanzamiento de una investigación a cargo de la Secretaría de la Contraloría (Secoes) con el fin de examinar minuciosamente los registros de los programas sociales destinados a combatir la pobreza.
En este contexto, sale a la luz el caso de Neri Deyanira Martínez Martínez, quien previamente desempeñó el papel de regidora en el municipio de Solidaridad durante la gestión de Laura Beristain Navarrete. Aunque Martínez Martínez no reúne los requisitos básicos para acceder a la asistencia, debido a su mejora económica como resultado de su posición en el ayuntamiento, ha logrado beneficiarse del programa “Mujer es Vida” de la Secretaría del Bienestar (Sebien), el cual tiene la finalidad de apoyar a mujeres en situación de pobreza.
Este caso pone en evidencia una preocupante tendencia a emplear los programas sociales para favorecer a individuos vinculados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o personas cercanas al gobierno, incluso en situaciones donde no se cumplen los requisitos exigidos. A pesar de no ocupar actualmente una posición pública, la inclusión de Neri Deyanira en el programa resalta la persistencia de este problema.
Es relevante destacar que Martínez Martínez ha estado recibiendo un apoyo bimestral de mil 200 pesos, además de una canasta de productos básicos. Esto a pesar de su historial como regidora con ingresos mensuales superiores a 60 mil pesos durante su mandato de tres años. Estos hechos resaltan la falta de cumplimiento de los criterios de elegibilidad, como el requisito de estar por debajo de la línea de pobreza, para acceder a estos beneficios sociales.
Como aspecto significativo, la primera ola de denuncias por inscripciones irregulares involucra a Rosario de los Ángeles Abán Mukul, subsecretaria de Desarrollo Humano; Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en José María Morelos; Yeceña Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte; y Ana Luisa Chávez Mah Eng, jefa de departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social en la zona norte.
En respuesta a estas denuncias, la Secoes ha tomado medidas suspendiendo a las funcionarias señaladas de sus cargos y ha lanzado una investigación exhaustiva sobre los registros de beneficiarios de los programas sociales. Paralelamente, el PRD ha informado que ha recibido denuncias adicionales de casos similares, involucrando a servidores públicos en diversos municipios del estado de Quintana Roo.
