Cancún.- Un socio de Uber presentó dos cargos penales luego de ser atacado dos veces por taxistas en los últimos 15 días; en la segunda ocasión, fue golpeado a punta de pistola mientras obligaban a sus pasajeros a salir del automóvil.
En conferencia de prensa, Agueda Esperilla, vocera de los socios de Uber, dijo que han sido objeto de este tipo de agresiones durante los últimos seis años como consecuencia de la impunidad otorgada a los distintos gremios de taxistas por parte de la Fiscalía General del Estado.
Carlos Canino Mendoza, presunta víctima de estas supuestas agresiones, dijo que el 15 o 16 de noviembre, cuando recogía visitantes de un hotel Marriott en la Zona Hotelera, numerosos taxis obstruyeron su paso. Estos conductores luego continuaron golpeando su automóvil con palos y piedras, dejando aterrorizados a sus ocupantes.
Acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar la agresión, pero la primera vez que le pidieron el papeleo de su coche, y la segunda, con un documento previamente hecho por un abogado, los agentes se negaron a aceptarlo.
El conductor aseguró que su intento de denuncia fue incluso lo que provocó que fuera víctima de un asalto por segunda vez, pues el 23 de noviembre, mientras recogía a unos turistas en la carretera federal frente al hotel Royalton, fue nuevamente bloqueado por dos taxis, uno desde Cancún y otro desde Playa del Carmen.
Según este socio de Uber, tres individuos armados salieron del segundo vehículo y entraron en su vehículo, obligando a los turistas a salir. A punta de pistola le confiscaron el dinero y el teléfono celular, además de amenazarlo diciéndole que si los volvían a ver, desde Cancún hasta Chetumal, los asesinarían.
Carlos Canino continuó diciendo que fue al filtro de Cancún, pero los policías se negaron a ayudarlo, a pesar de que su teléfono móvil tenía un GPS rastreable y que estos visitantes expuestos quedaron en el área.
Esta víctima no tuvo más remedio que presentar una segunda denuncia ante la Fiscalía General del Estado después de que se aprobara su denuncia inicial.
Agueda Esperilla remarcó que el gobierno se limita a “jugar la pelota” ya que nadie tiene la voluntad de controlar al Sindicato de Taxistas.
La pareja aseguró que se “quitaba la camiseta de Uber” porque el suyo es un reclamo ciudadano, porque “tengo derecho a vivir sin ser intimidado ni agredido, y si alguien hace esto, esa persona debe ser sancionada”, lo cual no ha sucedido. en Quintana Roo durante años.
Carlos Calzado, otro socio de Uber, dijo que estos asaltos son coordinados porque hay un líder taxista, Juan Carlos Conde, quien armó una base de datos de todos los autos y personas que trabajan con Uber y la hizo pública. “Los están dirigiendo a cometer delitos porque violan la ley al privar de la libertad a las personas, causarles daños, amenazarlas y blandir armas”, dijo.
Múltiples socios de Uber han sido amenazados con armas, y los taxistas han sido detenidos con armas y estupefacientes en varias ocasiones, pero la Fiscalía siempre los deja en libertad.
En ese sentido, también dijo que los asaltos sistemáticos que enfrentan no serían factibles sin el “velo de impunidad” provisto por el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, quien ha suspendido cualquier acusación contra los taxistas.
Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, también participa e interactúa regularmente con estos gremios.
Dijo que el 98% de los contratos de taxis están en manos de diferentes políticos y sus amigos, por lo que las autoridades tardan en sancionar los abusos sindicales.
Fabiola Cortés, activista y abogada, dijo que al acusar a la Fiscalía de omisión, no exageran, citando una denuncia hecha hace dos años por agresión en la que el Ministerio Público incluso perdió la película que ella presentó en el juzgado como prueba. Esta acusación aún está pendiente.
“Todos ustedes saben que son un poder de facto que se dedica a las elecciones, no solo con su voto corporativo, sino también con actividades de acarreo y militancia y aportando dinero a las campañas”, dijo el abogado.
Aseguró que a pesar de las grandes sumas de dinero que recauda el gremio en cuotas, se tarda mucho en cubrir las indemnizaciones médicas o por muerte de los operarios o sus familias, porque estos recursos no van a cubrir las necesidades de sus afiliados, “pero van a campañas políticas, tanto que siempre hay un representante de los taxistas” en el (Congreso del Estado).
Al ser cuestionada sobre la protección a Uber, que fue pospuesta para una sesión posterior, Agueda Espirilla dijo que es un problema de la firma, no de ellos, pero que la movilización de los taxistas por el estado demuestra que es real, y que su admisión definitiva en el estado es pronto.
Incluso recordó que hace tres años les otorgaron una protección cautelar que no aplicó numerosos elementos de la Ley de Movilidad, la cual fue desoída por las autoridades estatales.
