En un hecho sin precedentes, el Ayuntamiento de Puerto Morelos, la XVII Legislatura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han decidido no respaldar dos contratos millonarios suscritos durante la administración de Laura Fernández Piña debido a la detección de irregularidades en su asignación.
El primero de estos contratos se refiere a la construcción de un nuevo Palacio Municipal en una ubicación estratégica cercana a la Ruta de los Cenotes, cuyo costo aproximado es de 264 millones 848 mil 279.81 pesos. El segundo contrato está relacionado con la prestación de servicios de mantenimiento del alumbrado público por un período de 20 años, con un monto total de 384 millones de pesos, a pagar en aportaciones mensuales de 1 millón 590 mil pesos (más IVA).
El Ayuntamiento, bajo la dirección de Blanca Merari Tziu Muñoz, llevó a cabo una sesión extraordinaria el 1 de junio para abordar el contrato identificado como CMPM/CON/APP/01/2021, el cual establecía la creación de una “Unidad de servicios administrativos ‘Puerto Morelos’” para la atención ciudadana y oficinas administrativas para los servicios públicos del municipio. La decisión fue remitir este contrato a la XVII Legislatura para su revisión, debido a la falta de transparencia financiera y la presentación de información incompleta.
El segundo contrato, suscrito justo antes de que concluyera el mandato de Laura Fernández Piña, establecía una Asociación Pública-Privada (APP) para el mantenimiento del alumbrado público por 20 años. La empresa seleccionada para llevar a cabo el contrato fue OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., creada en julio de 2021, específicamente para este proyecto y vinculada al esposo de la entonces alcaldesa, Carlos Alberto Moyano Menchaca.
Tras un análisis exhaustivo, la Comisión de Hacienda, Cuenta y Presupuesto de la XVII Legislatura concluyó que no era apropiado respaldar ninguno de los dos contratos debido a diversos motivos, como la presentación tardía del trámite y la creación del fideicomiso número 752221 poco antes de finalizar el mandato de Laura Fernández Piña.
A partir del 4 de agosto, ambos contratos serán declarados nulos y los títulos de concesión quedará sin efecto. Las razones expuestas por las entidades y dependencias que revisaron los expedientes incluyen el incumplimiento de disposiciones legales, así como prohibiciones expresas para su ejecución.
Se ha designado a Alberto Arelle Sergent, Síndico Municipal, y/o a Jesymar Castillo Arangute, Director de Asuntos Jurídicos y Consultivos, y/o a Carlos Fermín Canul Herrera, Coordinador de Apoyo Jurídico Interior adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, para que notifiquen a las personas morales Inocaribe SA de CV y OFN Quintana Roo SA de CV sobre la decisión tomada.
