El Observatorio Legislativo (OL) ha emitido un comunicado en el que denuncia que más de 500 agentes de policía en Quintana Roo están siendo utilizados como “escoltas privados” para empresarios y políticos. El presidente del OL, Eduardo Galaviz Ibarra, ha solicitado al Congreso local que establezca un marco legal para regular esta práctica, ya que muchos de estos agentes ni siquiera están realizando funciones de escolta, sino que trabajan como choferes o asistentes.
Galaviz Ibarra ha enfatizado que estos agentes deberían ser asignados únicamente a personas que se encuentren en verdadera situación de riesgo y que estén previamente acreditadas por el comité correspondiente. También ha señalado que la mayoría de los agentes asignados como escoltas pertenecen a la Policía Quintana Roo y a la Policía de Benito Juárez, corporaciones que necesitan aumentar su capacidad de respuesta en la actualidad.
El presidente del OL ha criticado la falta de normativas y control en la asignación de escoltas por parte de los municipios, lo que permite a los alcaldes tomar decisiones arbitrarias en este ámbito. Por lo tanto, ha pedido una actualización del capítulo correspondiente en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo para establecer políticas claras sobre la asignación de elementos de custodia y la reinstalación inmediata de los agentes en sus corporaciones correspondientes para mejorar los servicios de seguridad pública.
En resumen, el Observatorio Legislativo ha hecho un llamado al Congreso local para regular la asignación de policías como escoltas privados en Quintana Roo, con el objetivo de mejorar la seguridad pública y evitar el uso inapropiado de recursos policiales.
