En Chetumal, Quintana Roo, el 30 de noviembre de 2023, la secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres Gómez, desestimó categóricamente las afirmaciones sobre la carencia de asignación de fondos destinados a proyectos y programas sociales en las 30 comunidades cercanas a los límites con Campeche y Quintana Roo. Según indicó, estas comunidades están debidamente contempladas en el presupuesto para el próximo año, el 2024.
Las insinuaciones sobre una supuesta falta de presupuesto para esta región, planteadas por Andrés Blanco Cruz, el abogado representante de los residentes en esta zona limítrofe con Campeche, fueron rebatidas por la funcionaria estatal.
Se ha anunciado formalmente que tanto proyectos de infraestructura como programas de asistencia social se encuentran planificados para beneficiar a los habitantes de más de 30 comunidades asentadas en el área colindante con Campeche. Estos planes se llevarán a cabo gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Othón P. Blanco, con fondos específicamente destinados dentro del presupuesto general de egresos para el año 2024.
En relación a esto, Torres Gómez puntualizó que la gestión y garantía del suministro de agua potable, así como la continuación de la construcción del acueducto, serán responsabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Esto se realiza en cumplimiento de las órdenes judiciales en favor de seis comunidades de la zona, dictaminadas por el poder judicial.
Además, se enfatizó la coordinación activa con las autoridades de Othón P. Blanco en áreas vitales como la salud y la seguridad. Estos esfuerzos se verán fortalecidos para abordar las necesidades expresadas en diferentes foros y ante entidades oficiales, tanto en términos presupuestarios como en inversiones. Este impulso adicional ocurrirá una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la disputa territorial en cuestión.
Se dejó claro que cualquier acción legal antes de la resolución del conflicto fronterizo podría desencadenar recursos legales por parte de los involucrados, lo que conllevaría a mayores retrasos en la sentencia final. Con el objetivo de evitar este escenario, se ha optado por asignar recursos de manera más general para esa área y no de forma específica, para evitar complicaciones legales futuras.
