La situación en la Fiscalía General del Estado (FGE) es alarmante, con un gran rezago de 200 mil carpetas de investigación, 12 mil averiguaciones previas y alrededor de 6 mil mandamientos judiciales. Estos abrumadores números exigen una redistribución de la carga de trabajo y una mayor capacidad de respuesta para obtener resultados efectivos. Raciel López Salazar, fiscal del estado, reveló estos datos durante una conferencia matutina celebrada en Chetumal, en la que las autoridades de seguridad de Quintana Roo discutieron temas importantes.
Para enfrentar esta problemática, López Salazar se siente obligado a desarrollar una nueva estrategia que permita reducir significativamente este considerable rezago. También subrayó la importancia de investigar a fondo las irregularidades dejadas por la administración previa. Durante su intervención, criticó que bajo el liderazgo de Óscar Montes de Oca, con solo tres ministerios públicos a cargo de tantas averiguaciones, los resultados fueran prácticamente inexistentes. ¿Cómo podrían leer y resolver adecuadamente 4 mil averiguaciones previas cada ministerio público? se preguntó con preocupación.
La propuesta estratégica del fiscal es priorizar las investigaciones de alto impacto y reasignar la carga de trabajo de manera equitativa. Además, ha encontrado irregularidades en cuestiones de nóminas y competencias en altos mandos, y está llevando a cabo un proceso de limpieza institucional.
En relación con un caso específico, el fiscal informó sobre el incidente que afectó al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, el cual fue catalogado como un “secuestro exprés” ocurrido el 19 de junio. Inicialmente, se había informado como un robo, pero el equipo de investigación ya ha detenido a cinco personas vinculadas al crimen. Se ha identificado plenamente la vivienda utilizada en este delito y se encontraron pruebas concluyentes, incluyendo un reloj propiedad del magistrado.
Finalmente, López Salazar reiteró su compromiso de no olvidar las irregularidades encontradas y prometió presentar un informe detallado al concluir el periodo de entrega-recepción de 45 días. Las investigaciones sobre este caso continúan en busca de los responsables intelectuales detrás del “secuestro exprés”.
