Un grupo de transportistas federales en Cancún ha interpuesto una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras enfrentar un bloqueo durante la reciente visita del presidente de la República a la ciudad el pasado domingo.
El movimiento TOUR, a través de un documento fechado el 5 de septiembre, ha señalado una serie de acciones que consideran contrarias a los derechos fundamentales. Estos actos incluyen restricciones a la libertad de manifestación y expresión de ideas, así como la obstrucción al libre tránsito de las personas. Los funcionarios responsables mencionados en la queja son el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, y el director de Tránsito municipal, Ezequiel Segovia.
José Bizarro Galván, líder del movimiento TOUR, ha manifestado su inquietud por la falta de una respuesta adecuada ante esta situación y ha solicitado una disculpa pública por parte de los mencionados funcionarios, además de exigir que se les responsabilice por las acciones que vulneraron derechos fundamentales.
Bizarro Galván ha subrayado la importancia de preservar el derecho a la libre manifestación y expresión en una sociedad democrática, enfatizando que no debería tolerarse la represión gubernamental de las ideas.
El presidente del movimiento TOUR también ha lamentado que el Gobierno del Estado no cumplió con un acuerdo previo con los transportistas para presentar su pliego de peticiones al presidente durante el evento. En lugar de eso, los transportistas se encontraron con intentos de represión durante su manifestación.
Adicionalmente, Bizarro Galván ha criticado la disparidad en el trato entre los transportistas y otros grupos, como los taxistas. Según él, los taxistas, a pesar de sus acciones violentas, bloqueos de vialidades y agresiones a terceros, no son tratados con la misma severidad por las autoridades.
Finalmente, el representante de los transportistas federales ha afirmado que su único objetivo al presentar esta queja ante la CNDH es establecer un precedente de lo ocurrido. Espera que las autoridades reconozcan lo que no debe repetirse y que los funcionarios involucrados ofrezcan disculpas públicas por los incidentes acontecidos.
