Un grupo conformado por más de 50 personas procedentes de diferentes colonias irregulares o no municipalizadas de Cancún interrumpió brevemente el acceso a la Zona Hotelera de la ciudad durante aproximadamente una hora. Los manifestantes cerraron todos los carriles de subida en el bulevar Kukulcán y exigieron que se cumpliera la instrucción de la gobernadora de llevar a cabo mesas de trabajo. Después de entablar un diálogo con las autoridades municipales, finalmente accedieron a liberar la vialidad.
La protesta tuvo lugar en el parque “José Martí”, ubicado en el camellón central del bulevar Kukulcán. Allí, los inconformes exhibieron pancartas con reclamos hacia el municipio por no cumplir con las mesas de trabajo y desplegaron una bandera de México mientras entonaban el himno nacional. A pesar de la presencia de agentes antimotines en el área, no se tomaron acciones enérgicas contra los manifestantes durante el tiempo en que cerraron completamente el acceso a la Zona Hotelera.
Posteriormente, el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, se presentó en el lugar y se permitió la apertura de un carril mientras se llevaba a cabo el diálogo. Después de otro periodo de tiempo, los manifestantes accedieron a regresar al camellón central después de escuchar al funcionario municipal, quien les aseguró que las mesas de trabajo para regularizar las colonias continuarían y se realizarían “brigadas” en las colonias irregulares para abordar las necesidades de los residentes.
Sin embargo, los manifestantes exigieron que Pablo Gutiérrez firmara el compromiso, ya que llevaban meses esperando un apoyo real por parte de las autoridades municipales sin obtener resultados satisfactorios. Maricruz Carrillo Orozco, representante de los manifestantes, cuestionó al secretario general debido a su previa exigencia de que los residentes de las colonias acudieran a reuniones en el centro de la ciudad.
La activista explicó que en una reunión previa el 19 de mayo con la gobernadora Mara Lezama Espinosa se había acordado la creación de mesas de trabajo para abordar las necesidades de cada colonia. Sin embargo, en lugar de eso, el ayuntamiento convocó a reuniones en las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, lo cual fue considerado una violación del acuerdo y de los derechos constitucionales, ya que no todos los residentes tenían la disponibilidad de tiempo, recursos económicos o salud para trasladarse al centro de la ciudad.
Carrillo Orozco subrayó que el propósito de que los funcionarios acudieran a cada colonia era permitir que los residentes expresaran sus necesidades y que ellos mismos pudieran presenciar las carencias de primera mano, en lugar de limitarse a observar mapas desde sus escritorios. Además, criticó que los servidores públicos deberían acudir a atender a los ciudadanos en lugar de esperar que los ciudadanos se adapten a sus horarios y condiciones.
En total, hay 208 colonias no municipalizadas en Cancún, muchas de las cuales se encuentran en terrenos ejidales y en la salida hacia Mérida. Estas colonias carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad, drenaje, pavimentación y recolección de basura.
La ex funcionaria también fue cuestionada sobre la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregará escrituras a algunas personas. Ella consideró esto llamativo, ya que estas personas han estado luchando durante 25 años para regularizar sus terrenos y han recibido negativas por diversas razones. A pesar de ello, otras personas recibirán ahora sus escrituras, algo que supuestamente no era posible en zonas no municipalizadas.
Además, señaló que recientemente el Ayuntamiento de Benito Juárez citó a ciertos líderes a una reunión donde se les pidió que reunieran documentos y acudieran a la regiduría de Samuel Mollinedo Portilla. Esto fue considerado como un acto sectario, inequitativo y posiblemente con motivaciones políticas. Carrillo Orozco criticó la politización de la situación y resaltó que las personas afectadas llevan 25 años esperando una regularización mientras sus demandas son utilizadas con fines políticos.
