Hugo Alday Nieto, actual diputado en cuestión, enfrenta cuestionamientos por su propuesta de imponer tarifas por el uso de música en establecimientos comerciales. No obstante, voces críticas argumentan que Alday debería concentrar sus esfuerzos legislativos en beneficio de los votantes que lo llevaron al cargo, en vez de favorecer a empresarios en el ámbito de los compositores, con quienes ha estado envuelto en disputas judiciales. El secretario general de la CROC en Cancún, Mario Machuca Sánchez, expresó hoy su opinión sobre el asunto.
Machuca Sánchez resaltó la paradoja presente en esta situación, comentando: “Ahora resulta que cualquier deudor, sin importar la razón, podría proponer: ‘vamos a presentar una iniciativa para que el Ayuntamiento gestione el cobro'”. Según esta propuesta, las autoridades municipales serían responsables de asegurar el pago requerido por la reproducción musical en contextos comerciales, sin recibir beneficio alguno por ello. Machuca Sánchez considera que esto plantea una situación injusta, ya que los gobiernos locales no son representantes de los autores, sino que deberían concentrarse en establecer sus propios impuestos y colaborar con instancias estatales y federales en la recaudación de tributos, en lugar de actuar como intermediarios de la iniciativa empresarial.
Con un tono sarcástico, Machuca Sánchez ilustró su perspectiva personal: “Algunos empresarios me adeudan diversas cuotas. Estoy pensando en pedirle a Hugo Alday que proponga una iniciativa para que el Ayuntamiento cobre estas cuotas pendientes y me las entregue”.
Machuca Sánchez advirtió que el enfoque de Alday podría tener consecuencias negativas para aquellos que confiaron en el diputado, al afectar la economía de numerosos trabajadores que dependen de la industria musical para subsistir.
Adicionalmente, Machuca Sánchez resaltó que la Sociedad de Autores y Compositores de México representa principalmente a empresarios inversionistas, en contraste con los trabajadores, quienes ya cuentan con una legislación establecida para asegurar sus derechos. “No estoy en contra de ello”, enfatizó, “pero ya existe una ley que garantiza su justa compensación”.
En resumen, el debate en torno a la propuesta de Alday subraya la necesidad de priorizar los intereses generales de la ciudadanía por encima de intereses particulares, generando inquietudes acerca de su posible impacto en la economía de aquellos que dependen de la música como sustento y en la relación entre los gobiernos locales y el sector privado.
