Cancún, Quintana Roo, 27 de febrero de 2024 .- La evaluación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el proyecto del Puente Nichupté revela una serie de irregularidades de importancia considerable. A pesar de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) se ajustó en líneas generales a las disposiciones legales y normativas, se han identificado deficiencias notables, incluyendo trabajos de construcción de baja calidad y una falta de protección adecuada en las estructuras de refuerzo. Además, se han observado pagos que no guardan relación con el proyecto en cuestión.
El análisis de la ASF señala que no se ha podido verificar el uso de conectores, soldaduras y la planta de concreto en los trabajos de acero de refuerzo y pilotes. También se han encontrado problemas relacionados con la calidad y protección insuficiente de las barras de refuerzo, evidenciados por la presencia de óxido y corrosión durante las inspecciones físicas. Además, se han detectado irregularidades financieras que ascienden a más de 62 millones de pesos en los gastos del año 2022.
La ASF también ha resaltado los pagos anticipados indebidos en estudios y proyectos ejecutivos, así como los gastos operativos que no están relacionados con el proyecto en cuestión. Se ha criticado la planificación deficiente del proyecto, así como la falta de consideración de factores clave en los análisis de costo-beneficio y de demanda.
Asimismo, se ha señalado la ausencia de autorización para ciertas acciones ambientales y el incumplimiento de requisitos relacionados con el uso del suelo y la protección de la fauna, lo que podría constituir un ecocidio según las normativas vigentes.
Como respuesta a estas irregularidades, se han iniciado procesos para recuperar los fondos mal utilizados y se han emitido observaciones y acciones correctivas. A pesar de algunos avances en este sentido, aún existen montos significativos pendientes de aclaración.
En resumen, si bien la SCT ha cumplido en términos generales con las normativas legales, resulta evidente la necesidad de abordar de manera urgente las áreas de preocupación identificadas por la ASF.
