Los Ángeles. – Un exfuncionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) fue encontrado culpable de aceptar sobornos para permitir el ingreso de vehículos cargados con drogas desde México. El oficial organizaba que los traficantes tuvieran una ventana de una hora para llegar a su carril en un cruce fronterizo en San Diego, embolsándose al menos 13 mil dólares por vehículo, informaron las autoridades el jueves.
Leonard Darnell George, un agente de CBP, colaboraba con dos organizaciones criminales y permitió al menos 19 cruces ilegales entre finales de 2021 y junio de 2022, según los fiscales. Los vehículos transportaban grandes cantidades de metanfetamina, junto con cantidades menores de cocaína, fentanilo y heroína, además de personas ingresadas ilegalmente al país, de acuerdo con documentos judiciales.
Los investigadores obtuvieron mensajes de texto que revelan que George cobraba 17 mil dólares por dejar pasar cada vehículo. En un caso, recibió 68 mil dólares por permitir el paso de cuatro vehículos en junio de 2022, según el comunicado de prensa.
ARCHIVO – En esta imagen de archivo del 3 de diciembre de 2014, vehículos esperan para ingresar a Estados Unidos desde Tijuana, México, a través del puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)
El abogado de George, Antonio Yoon, no respondió a los correos electrónicos ni a los mensajes de voz solicitando comentarios.
El lunes, un jurado federal en la corte de distrito en San Diego declaró a George culpable de aceptar sobornos como funcionario público, conspiración para importar sustancias controladas, y dos cargos de permitir el ingreso de vehículos con personas no autorizadas.
“Renunciar a la integridad del uniforme por el narcotráfico lleva a una condena penal”, declaró la fiscal federal Tara K. McGrath en un comunicado.
Los testigos indicaron que George usó el dinero para comprar vehículos, motocicletas y joyas, además de gastar generosamente en un club de striptease en Tijuana, según el comunicado de prensa.
La audiencia para dictar sentencia está programada para el 13 de septiembre. Las penas máximas por estos delitos oscilan entre 10 años y cadena perpetua.
