- CIUDAD DE PANAMA . – La fiscal Sandy Cedeño, nuevamente es señalada por su arbitrariedad en el polémico caso del empresario mexicano por abuso de poder y las arbitrariedades causadas en perjuicio del nacional mexicano.
La supuesta investigación inició en octubre 2019 cuando al empresario se le aprehende provisionalmente todo su patrimonio, al mismo se le solicita comparecer a un acto de audiencia donde se le notifica del proceso, esto a razón de un correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Gmail de la juez extranjera María Angels Moreno Aguirre a la entidad bancaria Scotiabank.
Parte de su dinero fue transferido al Banco Nacional de Panamá, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF los cuales están a disposición de la Asamblea Nacional, los cuales están siendo utilizados por diputados. La ex diputada del Partido Revolucionario Democrático, del circuito 8 – 1 Kayra Harding Tejada fue captada en video mientras utilizaba una camioneta marca Range Rover Vogue de lujo propiedad del empresario. Otros tres vehículos fueron subastados sin haberle notificado por un precio más bajo al del mercado.
El 29 de septiembres del 2022 el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano negó el intento del Ministerio Público en su formulación de imputar cargos al empresario, la decisión se decretó ya que la fiscal Sandy Cedeño “no contaba con los requisitos mínimos que exige el Código Procesal de Panamá” según el juez Carmelo Zambrano, para formular una imputación cargos a un indiciado por la falta de elementos de convicción que la investigación de 36 meses había recabado.
Ante ello, la Juez Clara Montenegro dictó la liberación de los bienes del empresario, lo cual el Ministerio Público apeló. Acto seguido el Primer Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la juez para liberar los bienes, debido a que las Magistradas Asunción Alonso, Gladys Moreno y Giovanina Antorinori consideraron que “independientemente que se le negará la imputación” de cargos al Ministerio Público ya habían cumplido a cabalidad lo que exige el artículo 286 del Código Procesal Penal y por lo tanto, los bienes debían continuar aprehendidos. Su equipo legal, posterior a ese dictamen, solicitó una audiencia de Habeas Corpus en la cual La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precedida por la Magistrada María López, confirmó dicha decisión utilizando jurisprudencias e interpretaciones alejadas de lo que exige la estricta norma.
Cincuenta y ochos meses después de haberse iniciado el expediente, la causa sigue en fase de investigación, aun cuando al Ministerio Publico se le negara la imputación de cargos. El Ministerio Publico mexicano se ha pronunciado sobre dichas violaciones al debido proceso en perjuicio de su nacional y ha criticado las actuaciones del Ministerio Publico panameño.
Sin embargo, aun con todas las pruebas ya presentadas y una advertencia de un conflicto diplomático, la fiscal Sandy Cedeño busca forzar la causa generando perjuicios con la modalidad de asistencias internacionales con elementos ya superados en la carpeta de investigación y por parte del Ministerio Público mexicano.
El presidente Jose Raúl Mulino, en sus primeros treinta días de gobierno ha criticado enérgicamente las actuaciones polémicas del Ministerio Publico, puntualmente la fiscalía segunda contra la delincuencia organizada al mando de Isis Soto, Sandy Cedeño y Marcos Mosquera y ordenó cerrar causas absurdas que solo le crean conflictos al país, como el conocido caso Panama Pappers y Lava Jato, que inclusive llevaron al fallecimiento del conocido abogado Ramon Fonseca Mora.
