La decisión, revelada en un mensaje al país, llega horas después de que se discutiera su vacante y en medio de severas denuncias en su contra.
Lima.- El presidente peruano, Pedro Castillo, afirmó hoy que disolvería el Congreso, nombraría una “administración excepcional” y convocaría elecciones anticipadas.
La decisión, revelada en un mensaje al país, llega horas después de que se discutiera su vacante y en medio de severas denuncias en su contra.
“Convocar elecciones para un nuevo Congreso con poderes constituyentes en el menor tiempo posible a fin de elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. “De ahí en adelante, y hasta que se forme el próximo Congreso, se regirá por decreto ley”, dijo Castillo en su comunicado.
“Ante los reclamos ciudadanos de todo el país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de emergencia tendiente a restablecer el estado de derecho y la democracia, para lo cual se han dictado las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República y establecer un órgano de excepción gobierno de emergencia”, agregó.
Sondean al presidente y buscan su destitución:
Pedro Castillo enfrentaba su tercer intento de juicio político en un año y medio en el cargo, empujado por un parlamento en desgracia que contemplaba su destitución por “incapacidad moral permanente”.
No estaba claro si el Congreso podría reunir los 87 votos necesarios para destituirlo de un total de 130 legisladores. En una inédita alocución en la televisión estatal, Castillo declaró cerca de la medianoche que nunca arruinaría “el excelente apellido de mis honestos y destacados padres que, como millones de peruanos, luchan de sol a sol para construir honestamente un futuro para su familia”. “
Castillo, cuya gestión inició en julio de 2021, afirmó que la solicitud de vacante se basa “en las denuncias de terceros que, con el fin de minimizar sus castigos por los presuntos delitos cometidos abusando de mi confianza, quieren incluirme sin pruebas”.
La Fiscalía investiga al presidente en seis averiguaciones previas, la mayoría de ellas con sospechas de corrupción, y su teoría es que Castillo aprovechó su cargo para beneficiarse a cambio de aprobar obras públicas. Las afirmaciones han sido refutadas por el presidente.
agitación politica:
Hay una marcada disparidad en el país sudamericano: aunque la mayoría en Lima se opone a Castillo y quiere su salida del poder, los peruanos en otras localidades del interior y del sector rural quieren que permanezca en el cargo hasta que expire su mandato en 2026 y honrar sus promesas. Muchos peruanos del interior también quieren que cierre el Parlamento.
El primer presidente de origen rural en los 200 años de historia de la república, quien asumió el cargo en 2021 sin experiencia política, ha cambiado de gabinete cinco veces, lo que ha resultado en el estancamiento de diferentes programas de gobierno.
Aunque es el primer presidente interino en ser investigado, no es inesperado en un país donde prácticamente todos los presidentes anteriores en los últimos 40 años han sido investigados por corrupción y han sido vinculados a corporaciones globales como la constructora brasileña Odebrecht.
Perú ha estado en una crisis política desde 2016, con parlamentos y presidentes de turno intentando destruirse entre sí debido a las diferencias. El presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias en 2019. Vizcarra fue eliminado por el nuevo Legislativo en 2020. Manuel Merino, el nuevo presidente, duró menos de una semana antes de renunciar luego de marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti tomó el mando y entregó la presidencia al actual presidente después de nueve meses.
Castillo no ha cumplido sus promesas de combatir la corrupción, aumentar los impuestos a las ganancias mineras, expandir el gas natural, revisar la Constitución y abolir supuestos monopolios que elevan los costos domésticos de gas y productos farmacéuticos.
Castillo solicitó recientemente la visita de una delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se requiere un alto el fuego político para fomentar la comunicación entre las partes. Sin embargo, la lucha es tan intensa que el Congreso autorizó una tercera solicitud para discutir el despido de Castillo solo unas horas después de que se revelara el informe.
En las dos instancias anteriores, el Parlamento no logró destituirlo utilizando una razón establecida en la constitución denominada “enfermedad moral permanente”, que, según los expertos en derecho constitucional, carece de un significado objetivo. Originalmente denotaba locura, pero muchos hoy lo vinculan con la corrupción.
