Lima. La administración peruana finalmente decidió declarar un estado de emergencia en todo el país luego de determinar que las manifestaciones y la violencia que comenzaron hace una semana, luego de la expulsión del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso, no solo continúan sino que se están intensificando.
Para este jueves se ha planificado una gran marcha por el centro histórico de la ciudad, a la que se espera que asistan representantes de todo el país.
Las principales demandas son la disolución del Parlamento, la renuncia del monarca, elecciones anticipadas rápidas y, para algunos, la liberación y restauración de Castillo.
Desde la madrugada de ayer, se han reportado dos muertes más, ambas de 18 años, lo que eleva el total a por lo menos nueve, con cientos de ciudadanos y policías heridos, algunos de gravedad.
La situación está tan fuera de control -13 de 24 departamentos tienen grados importantes de irregularidad- que Boluarte propuso realizar elecciones en diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024, a lo que accedió hace apenas unos días. Ella, quien juró para concluir el mandato de Castillo en julio de 2026, promete partir en 18 meses más, pero la demanda del público es ahora.
La oferta de la gobernadora, quien ya envió la reforma constitucional que modifica su mandato y establece elecciones en abril de 2024, pone al Congreso contra la pared, obligándolo a aprobarlo en las próximas horas, antes de que termine la legislatura, para que pueda ser ratificado en el próximo, a principios de 2023, como exige la ley.
La decisión judicial de Castillo sobre si será puesto en libertad después de que termine su período de detención temporal se pospuso hasta el jueves, para permitir que la fiscalía presente cargos en su contra y garantizar que no salga del país. El Ministerio Público solicitó al juzgado imponer 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga el asunto por sedición y rebelión.
“Reacción contundente”
Cerca del mediodía, Alberto Otárola, el cada vez más destacado ministro de Defensa, confirmó que el estado de excepción tendrá una duración de 30 días naturales y que se impuso en respuesta a “actos de vandalismo y violencia, a la toma de carreteras y caminos”, que ” requiere una nueva respuesta contundente del gobierno”, y que se está evaluando el toque de queda.
Dijo que se comprometería el derecho de reunión, con la paralización y/o restricción de manifestaciones y protestas, así como la libertad de circulación, la inviolabilidad de las viviendas, la libertad y seguridad personal.
En la tarde de ayer se publicó el edicto de antaño en una insólita edición del diario oficial El Peruano.
Según el gobierno, las manifestaciones están siendo planificadas y dirigidas por “profesionales” y “extremistas” asociados a las organizaciones terroristas y/o insurgentes Sendero Luminoso y Túpac Amaru, que operaron en la década de 1980 y causaron decenas de miles de vidas. También ha señalado a tres parlamentarios del partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, como instigadores de la convulsión: Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Edgar Tello, hasta el punto de que un canal de televisión se permitió decir que “generan caos”. y terror en todo el país con discursos subversivos que se camuflan en estas protestas”. Además, activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Humanos (Movadef, presuntamente vinculado a Sendero Luminoso) y del Frente Patriótico Nacional han sido identificados como promotores de la subversión ciudadana, tanto es así que imágenes de sus rostros fotografiados mientras participaban en las marchas y que reconocen son proporcionados por espionaje policial han sido mostrados en la prensa limeña.
La noche del martes, Otárola declaró estado de emergencia a las provincias de Ica y Arequipa, así como a los 23.000 kilómetros de carreteras del país, para que la policía y el ejército restablecieran el orden público y defendieran lo que consideró importante infraestructura.
Las tropas fueron enviadas a Arequipa, mil kilómetros al sur de la capital, para resguardar las instalaciones públicas y retomar el aeropuerto local. Las protestas, sin embargo, persistieron, aunque en silencio.
En el distrito de Cusco, donde se encuentra la ciudad inca y el tesoro arqueológico de Machu Picchu, un atractivo turístico mundial, el aeropuerto aún estaba cerrado, con decenas de viajeros atrapados en la terminal. Debido a las circunstancias en Cusco, el ferrocarril Inca Rail anunció la suspensión de servicios.
Llegó la noticia de que la terminal aérea de Juliaca, a 850 kilómetros al sureste de Lima, en la zona de Puno, también fue rodeada por manifestantes e iba a ser tomada.
Las terminales aéreas de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac están cerradas.
Debido a la grave peligrosidad y la inestabilidad, cientos de visitantes extranjeros que viajan a las extensas localidades del interior del país, desde la Amazonía y los Andes hasta la extensa costa del Pacífico, se han quedado atrapados en los hoteles limeños.
Surge el término “antaurismo”
En una marcha en Lima se destacan los individuos que acuden con vestimenta militar y porte marcial. Son exmilitares, muchos de ellos afiliados a Antauro Humala (59), un exmilitar ultranacionalista que fue liberado en agosto tras cumplir 18 años de una condena de 25 años por encabezar un levantamiento contra el expresidente Alejandro Toledo en 2005.
Uno de sus seguidores, que desea permanecer en el anonimato, habla con La Jornada y explica por qué están ahí.
“Somos exmilitares, aquí en los años 80 y hasta el 2000 hubo un conflicto interno, estos chavales ya son grandes y nosotros somos los que estamos aquí. Estamos en contra de lo que está pasando en la nación. La verdad es que aquí se está atropellando, matando y maltratando a la gente, por lo que no estamos de acuerdo con el Congreso y no se reconoce al presidente usurpador”.
Continúa: “Los egresados (retirados) del servicio militar han hecho un juramento a la bandera, de proteger la patria cuando estaba en peligro y ahora está en peligro porque están asaltando a la gente del pueblo, y el pueblo es el país, la nación de EE.UU.”.
Y concluye: “por dignidad le pido a la señora (Boluarte) que renuncie y cierre el Congreso, que le den libertad al presidente Castillo y ya; esto viene de menos a más y no saben cómo va a crecer; el jueves (hoy ) aquí habrá millones de graduados, de diferentes armas, y allá aguantarán muy fuerte”.
En Lima, en las afueras de la ciudad, la policía incautó los arcos y flechas de un grupo tribal amazónico Asháninkas que se dirigía en tres autobuses para sumarse a la protesta que reclama el avance de las urnas. generales, según el medio de internet Wayka.
Así es en Perú.
Mientras tanto, los inevitables buitres siguen sobrevolando la ciudad con su exquisito planeo constante en busca de carroña, cumpliendo su cometido de limpiar la ciudad de mucha inmundicia.
