La reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, pone de relieve una realidad innegable: la creciente desconfianza de Estados Unidos hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos, no balazos”.
Este hecho también revela las deficiencias en los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ahora bajo el control militar. Las autoridades no se percataron de la operación, como lo indicó el viernes pasado Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y futura secretaria de Gobernación.
Si la detención fue acordada, las negociaciones y la logística de la entrega habrían involucrado exclusivamente a Zambada y a las agencias de seguridad estadounidenses, sin la intervención de las autoridades mexicanas.
Si, como lo afirma el abogado Frank Pérez al diario Los Angeles Times –quien actúa como defensor del narcotraficante– Zambada fue trasladado a Texas en contra de su voluntad, esto señalaría una operación extraterritorial por parte de Estados Unidos.
El mismo escenario se aplica si Zambada fue llevado mediante engaño o traición, ya que implicaría una maniobra planeada en otro país para capturar a un ciudadano mexicano y juzgarlo en territorio estadounidense sin el consentimiento de México, violando así el tratado de extradición y el derecho internacional.
En cualquier caso, esta doble detención evidencia que los límites impuestos a la DEA, anunciados con bombos y platillos por López Obrador y Marcelo Ebrard, no funcionaron. El Departamento de Justicia va más allá de la DEA.
A pesar de las intervenciones de la DEA durante el gobierno de Calderón, reducir la estrategia contra el narcotráfico con Estados Unidos a controlar a esta agencia y defender la soberanía nacional revela que la administración de López Obrador intentó manejar la relación con Washington entregando a ciertos narcotraficantes bajo su retórica de abrazos.
Cuando se produjo la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, el presidente recurrió a su discurso, aunque su gobierno ya sabía que la DEA estaba investigando al exfuncionario. Esta vez, asegura que se enteró después.
Tras el golpe, Estados Unidos adoptó un tono crítico. El embajador Ken Salazar agradeció a López Obrador por haber entregado a la justicia estadounidense a Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López (otro hijo del Chapo) y a Néstor Pérez Salas, “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos. Para suavizar el impacto, Salazar afirmó que la detención beneficiaba a ambos países.
“Al finalizar su administración, López Obrador enfrenta un revés significativo por parte de Estados Unidos. Sin su intervención, el Departamento de Justicia ahora tiene a dos de los individuos que considera responsables de la crisis de fentanilo en ese país.”
Aunque Zambada se ha declarado inocente de las acusaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero, secuestro, uso de armas de fuego y conspiración para asesinato, el caso apenas comienza.
Es posible que busque un acuerdo con la justicia estadounidense, similar al que su hijo Vicente logró después de confesar su culpabilidad en narcotráfico y pasar varios años en prisión, y ahora vive en libertad en Estados Unidos como testigo colaborador.
A sus 74 años, Zambada tiene mucho que revelar sobre sus décadas de relación con autoridades civiles y militares de diversos gobiernos, tanto del pasado como del presente.
