El Senado de la República mexicana aprobó cambios legislativos para prohibir de manera total las prácticas conocidas como ECOSIG o “terapias de conversión”, dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de individuos. Estas modificaciones, destinadas a la protección de los derechos humanos, imponen sanciones severas a quienes promuevan, realicen, financien o impongan tales tratamientos.
Las medidas, que añaden nuevos artículos tanto al Código Penal Federal como a la Ley General de Salud, establecen penas de prisión de dos a seis años y multas considerables para aquellos involucrados en las mencionadas prácticas. En el caso de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, las sanciones se duplicarán.
Asimismo, se contempla la suspensión en el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud que participen en estas terapias coercitivas, con una duración de uno a tres años.
Una disposición importante es la diferenciación de sanciones para padres, madres o tutores que promuevan estas prácticas en comparación con aquellos que no tengan una relación directa con la víctima. Mientras que para los primeros se prevén amonestaciones o apercibimientos, para los segundos se establece la destitución e inhabilitación para ocupar su cargo por un periodo igual a la pena impuesta.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto de reforma fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La aprobación de estas reformas ha sido ampliamente celebrada por activistas y políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en México.
