Cancún presenció un enérgico reclamo por parte de diversas agrupaciones empresariales en Quintana Roo en relación con la controvertida iniciativa de reforma presentada por el diputado Hugo Alday Nieto. La propuesta, que busca que las compañías firmen un acuerdo de pago con una entidad de autores como requisito para adquirir la licencia de operación, ha generado una ola de críticas. Los líderes de estas agrupaciones afirman que esta propuesta carece de ventajas tangibles para el estado y tiene el potencial de perjudicar la economía regional, además de plantear posibles conflictos de interés debido a la relación previa del diputado con el grupo involucrado.
La voz de disconformidad fue unificada en una conferencia de prensa donde participaron destacadas figuras de distintas asociaciones, incluyendo la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, Clubes Vacacionales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) local y la Administración de Plaza Comerciales.
Toni Chaves, líder del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, argumentó que la iniciativa legislativa impone cargos adicionales a diversos sectores por el uso de música en sus locales. Sin embargo, resaltó que esta medida carece de beneficios palpables tanto para el estado como para los municipios, considerándola “irracional y descontextualizada”. Chaves también manifestó su perplejidad ante la tendencia legislativa a favorecer intereses privados en detrimento del bienestar general.
Por su parte, David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, puso de relieve que la propuesta infringe en competencias al otorgar a la sociedad de gestión colectiva en cuestión el poder de reclamar derechos de manera administrativa. Ortiz Mena señaló que en lugar de esto, la iniciativa utiliza el peso del gobierno para forzar un acuerdo, lo que anula cualquier oportunidad de negociación y propicia un monopolio en la región.
Ortiz Mena remarcó que ningún creador está obligado a unirse a esta sociedad de gestión colectiva específica, lo que plantea dudas acerca de su representatividad. También advirtió que esta ley podría abrir la puerta para futuras demandas de otras organizaciones o individuos para solicitar tarifas similares. En especial, destacó que la Sociedad de Autores y Compositores de México se ve beneficiada de manera desproporcionada en detrimento de otras entidades similares.
Raúl Andrade, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro y Sur de Quintana Roo, añadió que esta propuesta contradice las disposiciones temporales de las leyes de ingresos municipales. Estas disposiciones establecen que mientras los municipios sigan adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se suspenden los requisitos que condicionan actividades comerciales y de servicios.
Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, fue más directo en su crítica. Recordó que el diputado Hugo Alday se ha autoproclamado como un experto en temas de propiedad intelectual y ha estado involucrado en litigios relacionados en la región. Almaguer sugirió que este historial podría generar un conflicto de interés, ya que Alday busca beneficiar a la sociedad de gestión colectiva con la iniciativa de ley.
Almaguer también cuestionó la ausencia de consulta a los afectados por parte del diputado y destacó la importancia de que los legisladores trabajen en función de los intereses de aquellos que los eligieron en lugar de favorecer prácticas que perjudiquen la economía local.
Los líderes empresariales urgieron al Congreso del Estado a desechar esta propuesta y destacaron que ya han mantenido conversaciones con diversos representantes legislativos y autoridades pertinentes para exponer sus inquietudes.
Eduardo Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, resaltó la importancia de que prevalezca la sensatez y pidió al diputado Alday que trabaje en favor de los sectores empresariales que dependen de la actividad turística y de restaurantes. Martínez recordó que la propuesta aún no ha avanzado significativamente en las comisiones legislativas y expresó su esperanza de que se eviten consecuencias legales en favor de un enfoque más equitativo.
