En un esfuerzo por impulsar la seguridad y accesibilidad de los territorios, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, ha emitido un urgente llamado a los congresos locales. El objetivo es que armonicen sus leyes con la reciente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), en vigor desde mayo de 2022. Sorprendentemente, hasta ahora solo una docena de estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California Sur, y Michoacán, han actualizado sus marcos normativos.
Meyer Falcón subrayó que estas actualizaciones son un pilar fundamental para moldear territorios más seguros y equitativos en el futuro. La ley, en sí misma, es un instrumento que persigue el mejoramiento de la salud colectiva y la mitigación de desigualdades palpables en la nación. Durante la inauguración del ‘Taller de armonización legislativa local en materia de movilidad y seguridad vial’, evento convocado por la Cámara de Diputados, el secretario reveló que 18 estados se encuentran en diferentes etapas de adaptación: desde Baja California hasta Veracruz. Sin embargo, dos entidades, Morelos y San Luis Potosí, están notoriamente rezagadas al no contar con un marco normativo en esta esfera.
En este contexto, el desafío subsiguiente se enfoca en asegurar la implementación efectiva de estas nuevas regulaciones. Meyer Falcón recalca que la planificación territorial emana como la estrategia primordial para avanzar en esta dirección y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Salomón Chertorivski, diputado federal y presidente de la Comisión de Movilidad, añadió perspicazmente que más de 40 vidas son arrebatadas diariamente por accidentes viales. Por lo tanto, la LGMSV establece un ambicioso objetivo: reducir en un 50% estas alarmantes cifras para el año 2030.
Chertorivski enfatizó la LGMSV como un instrumento crucial que da estructura al derecho constitucional de la movilidad. Así, ciudades y localidades demandan una movilidad accesible y efectiva, con un enfoque en la responsabilidad colectiva. Estos cambios deben ser implementados a nivel estatal.
El taller congregó a representantes de los tres niveles de gobierno, los cuales concordaron de manera unánime en la necesidad imperante de impulsar la armonización y ejecución de estas nuevas pautas legislativas. El objetivo es abordar inequidades en la movilidad, reducir los riesgos viales, enfrentar retos regionales y consolidar estrategias de desarrollo territorial.
Vale la pena mencionar que el artículo transitorio segundo de la LGMSV establece un plazo de 180 días (hasta el 14 de noviembre de 2022) para que las legislaturas estatales adopten las reformas necesarias en sus propias leyes, ajustándolas a las disposiciones de esta ley recién promulgada.
El taller contó con el valioso respaldo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México, como parte del Proyecto Transición hacia un Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público en México (TranSIT). El propósito radica en asegurar que los estados garanticen el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, ya sea mediante la revisión de la legislación vigente o la instauración de nuevas normativas.
