El Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo (Imoveqroo) ha recibido la autorización para retirar concesiones a empresas de grúas, remolque y rescate de vehículos que estén bajo la sospecha de irregularidades y no cuenten con denuncias previas. Esta nueva medida fue anunciada por María José Osorio Rosas, legisladora local, quien compartió en una entrevista que recientemente se aprobó en el Congreso un conjunto de regulaciones destinadas a supervisar estos servicios, que hasta ahora habían estado controlados en gran medida por unas pocas entidades.
Osorio Rosas reconoció que la cuestión pendiente de regularizar los servicios de grúas había causado dificultades a numerosos ciudadanos, especialmente en el municipio de Benito Juárez. En este sentido, los municipios tendrán la facultad de seleccionar las empresas con las que deseen colaborar, basándose en la condición de que estas entidades estén al día en sus obligaciones fiscales y carezcan de historiales de denuncias. Además, tendrán la responsabilidad de establecer la estructura de tarifas aplicables, dado que son las instancias encargadas de ejecutar estas medidas.
La legisladora subrayó la importancia de adaptar las tarifas a la realidad de cada región: “No se puede establecer una tarifa única a nivel estatal, ya que las condiciones en Felipe Carrillo Puerto o Bacalar difieren considerablemente de las de Benito Juárez, Zona Hotelera o la Región 206”, enfatizó.
Osorio Rosas añadió que el Imoveqroo ya posee la facultad de revocar concesiones, lo cual se implementa mediante la más reciente modificación de la Ley de Movilidad, aplicada en el caso de los taxistas agresores. Ella aclaró que esta acción no se efectúa directamente en respuesta a una denuncia, sino que se sigue un proceso exhaustivo de investigación debido a que en ocasiones los agresores son los conductores y no los propietarios de la concesión.
En otro contexto, la legisladora del Partido Verde expresó su desaprobación ante la inclusión de funcionarias de la Secretaría del Bienestar en programas sociales. No obstante, argumentó que, debido a la gran cantidad de personas bajo la responsabilidad de un secretario y las numerosas inscripciones, es probable que Pablo Bustamante, el secretario de Bienestar de Quintana Roo, no tuviera conocimiento de estas situaciones. La legisladora indicó que un funcionario no puede ser considerado responsable por el abuso de confianza cometido por terceras partes y aseguró que ya se está revisando el registro de programas sociales para evitar que otros empleados públicos se encuentren en estas listas.
En relación a los incidentes en Solidaridad, al ser consultada sobre el intercambio de declaraciones entre Lili Campos Miranda, alcaldesa de Solidaridad, y Joana Acosta, líder de Morena, así como los comentarios de la legisladora local Susana Hurtado, quien opinó que no debería haber agresiones entre mujeres, María José Osorio también destacó la importancia de la solidaridad entre ellas y la necesidad de evitar confrontaciones mutuas. No obstante, en su opinión, Joana Acosta simplemente estaba defendiendo la Cuarta Transformación y no emitió comentarios ofensivos hacia la alcaldesa.
