En la ciudad de Cancún, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) enfrenta una situación preocupante debido a la escasez de recursos destinados a la supervisión del transporte público. Actualmente, solo dispone de cuatro inspectores y dos patrullas para controlar un considerable número de vehículos, incluyendo alrededor de ocho mil taxistas, dos mil 800 mototaxistas y el transporte privado de carga.
Durante una entrevista en una estación de radio, el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcazar, destacó la gravedad de esta deficiencia, ya que dificulta significativamente la capacidad de acción del instituto. En un hecho reciente, dos taxistas fueron detenidos por atacar a turistas extranjeras, marcando un hito penal al vincular por primera vez a conductores de taxi con tales actos. A pesar de esto, Alcazar aclaró que, en cuanto a cuestiones administrativas, el Imoveqroo ha tomado medidas como la suspensión de concesiones y tiene varios procesos administrativos en curso.
El director explicó que el instituto solo maneja procedimientos administrativos, no penales, y que para iniciar cualquier acción administrativa, se requiere una denuncia formal con un seguimiento adecuado. Sin embargo, se enfrentan a un desafío ya que muchas denuncias se limitan a las redes sociales, lo que dificulta la obtención de pruebas y la implementación de acciones administrativas.
En relación con el impacto de la llegada de Uber a la ciudad, Alcazar destacó que los disturbios y controversias causadas no son exclusivas de Quintana Roo, sino que también se han registrado en otros destinos turísticos alrededor del mundo con la llegada de plataformas digitales. No obstante, enfatizó que esta situación no puede ser tolerada y que se buscarán soluciones adecuadas.
En cuanto a la expedición de licencias de conducir estatales, se está considerando establecer una base de datos estatal y emitir el documento mediante un convenio con los municipios, quienes posiblemente retendrán parte de los ingresos generados. Además, se planea crear una plataforma estatal para registrar las infracciones de tránsito, lo que permitirá establecer diversos acuerdos una vez que la tecnología esté plenamente implementada.
