En Chetumal, los productores del sur del estado expresan su alegría ante la noticia de que la pena por el delito de robo de ganado, conocido como abigeato, ha sido aumentada a 10 años. No obstante, su entusiasmo se ve moderado por la preocupación de que este aumento no quede solo en el papel y que las autoridades policiales lo apliquen rigurosamente para obtener resultados tangibles.
El presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), Sergio Crisanto Morteo, destaca el potencial de esta reforma para reducir los casos de abigeato que han afectado gravemente a comunidades como Sergio Butrón Casas y Nicolás Bravo, ubicadas en Othón P. Blanco.
Sin embargo, preocupa que en el pasado muchos casos de robo de ganado hayan quedado en el olvido debido a la falta de una aplicación efectiva de la ley. Se estima que entre 15 y 20 casos recientes han quedado impunes, dejando a los productores con cuantiosas pérdidas económicas que oscilan entre 15 y 20 mil pesos por cada incidente.
Para que esta ley tenga un verdadero impacto, el representante ganadero enfatiza la necesidad de que los órganos judiciales cuenten con peritos especializados en abigeato. Estos expertos podrán llevar a cabo investigaciones sólidas y proporcionar pruebas contundentes durante los procesos legales, lo que permitirá una verdadera disuasión contra quienes se dedican a esta actividad ilegal.
En resumen, los productores tienen esperanzas en el aumento de la penalidad por robo de ganado, pero hacen un llamado a las autoridades para que esta medida se implemente de manera efectiva, con el objetivo de proteger sus intereses y asegurar la justicia para aquellos afectados por este delito.
