Un panorama desolador ha golpeado a Cancún, ya que alrededor de 35 empresas dedicadas a la construcción han visto truncadas sus actividades debido a extorsiones, amenazas e intimidaciones por parte del crimen organizado. Como resultado, aproximadamente 4 mil 500 obreros se han quedado sin empleo y sumidos en la incertidumbre.
En una entrevista, José Juan Chilón, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados Constructores (Sitec), expresó su profundo pesar por la falta de protección que las autoridades brindan a la industria de la construcción. Las empresas afectadas, con las cuales el sindicato tenía contratos colectivos de trabajo, han optado por buscar refugio en otros estados como Yucatán, donde encuentran mayores garantías en términos de seguridad pública.
La situación ha sido especialmente complicada en los últimos tres años, ya que además de lidiar con los estragos de la pandemia, los trabajadores de la construcción en la zona norte se enfrentan a altos índices de extorsión, amenazas, intimidaciones y agresiones. En medio de este panorama desalentador, Chilón lamentó la aparente inexistencia de seguridad pública y la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes.
El sindicato se encuentra trabajando arduamente en la recuperación de los 120 mil empleos perdidos durante la pandemia. Sin embargo, en la actualidad solo se han logrado mantener 70 mil puestos de trabajo, debido a los constantes ataques contra la industria de la construcción. Chilón señaló que no se vislumbra a corto plazo una estrategia sólida para reconstruir la confianza de los empresarios, quienes han tomado la decisión de emigrar hacia otros estados.
Además, se ha notado una disminución en la llegada de trabajadores migrantes, ya que aquellos provenientes de Mérida y otras localidades de Yucatán han optado por quedarse en sus lugares de origen debido a las mejores condiciones de seguridad pública que allí se ofrecen.
Es importante destacar que actualmente, el sustento de alrededor de 70 mil familias depende del salario base de cotización semanal de los trabajadores de la construcción. Sin embargo, estos trabajadores se enfrentan no solo a la inseguridad en sus lugares de trabajo, sino también a la falta de seguridad social, ingreso fijo y otras prestaciones laborales básicas.
Ante esta alarmante situación, el líder del Sitec hizo un enérgico llamado a las autoridades para establecer una “mesa de seguridad real”, en la cual se escuche a las personas afectadas y no se realicen meramente reuniones políticas que simulan actos de investigación. Asimismo, enfatizó que los ayuntamientos, como emisores de las licencias de construcción, tienen una responsabilidad directa en la prevención de la inseguridad, y deberían informar de manera oportuna a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al seguro social y a las autoridades competentes para implementar operativos de prevención del delito.
Chilón manifestó su indignación ante la falta de pruebas sólidas que permitan acreditar los delitos y lograr condenas efectivas. A pesar de que la Fiscalía detenga a un gran número de personas, resulta frustrante constatar que, al momento de llevar a cabo los juicios, la falta de elementos probatorios resulta en la liberación de los delincuentes.
El dirigente sindical calificó como “el colmo” la impunidad que prevalece en lugares como el fraccionamiento Puerto Cancún, donde la delincuencia ha cobrado la vida de trabajadores sin que se tomen medidas legales contundentes. Lamentó que, a pesar de la recurrencia de estos delitos, no se haya logrado condenar a ningún delincuente, a pesar de la existencia de múltiples carpetas de investigación abiertas.
Lamentablemente, las denuncias por extorsión suelen quedar estancadas en etapas iniciales, sin llegar a incluirse en las estadísticas oficiales. Lo más preocupante es que las personas que se atreven a denunciar ante la Fiscalía son amenazadas para que abandonen el proceso, generando un clima de temor y desconfianza.
