Tras 48 horas de protesta, los agricultores de maíz en Sinaloa han decidido levantar el bloqueo en el aeropuerto de Culiacán. La retirada de los productores se produjo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en una conferencia que el gobierno no cedería ante las tácticas de “chantaje”. Esta acción pone fin temporalmente al conflicto que ha surgido en torno al precio del maíz y que ha llevado a los agricultores de Sinaloa al límite, convirtiendo la región en el epicentro de las tensiones entre productores, empresas privadas y el gobierno.
En un intento por buscar una solución, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien pertenece al partido Morena, propuso a los agricultores tomar medidas contra las grandes empresas del sector, como Gruma, Minsa y Cargill. Rocha manifestó su apoyo a los agricultores y se comprometió a luchar por un trato justo y un precio adecuado por su trabajo. Estas declaraciones son el último episodio en un conflicto que se ha intensificado semana tras semana.
La raíz del problema reside en el bajo precio del maíz, el cual ha experimentado una caída este año debido a un exceso de oferta en comparación con la demanda. El precio ha pasado de alrededor de 7,000 pesos por tonelada el año pasado a poco más de 5,000 pesos. Esta situación está asfixiando a los agricultores, quienes se encuentran desesperados por encontrar un mercado para su maíz acumulado en los almacenes.
Los agricultores han estado buscando una solución en colaboración con el gobierno federal durante varios meses. En abril, Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) anunció la compra de un millón de toneladas de maíz a un precio de 6,965 pesos por tonelada, pero solo para pequeños productores con hasta 10 hectáreas de tierra. Además, el gobierno estatal se comprometió a adquirir 500,000 toneladas de maíz de agricultores con entre 11 y 50 hectáreas de tierra, con el objetivo de retirarlas del mercado y mejorar el precio. Asimismo, Segalmex tiene prevista la adquisición de otras 300,000 toneladas para su distribución en las tiendas Diconsa. A pesar de estos esfuerzos, las negociaciones con las empresas privadas, Minsa, Gruma y Cargill, no tuvieron éxito, ya que se negaron a comprar las toneladas adicionales a un precio superior al establecido por el mercado, argumentando que esto incrementaría el precio final de productos como la tortilla.
Además, los agricultores se enfrentan a la falta de financiamiento tras la desaparición de la Financiera Rural, que solía proporcionar préstamos flexibles a los productores durante 20 años. Esta institución fue ordenada a cesar sus operaciones por el gobierno de López Obrador en diciembre y finalmente se disolvió oficialmente en mayo. La situación se ha agravado con la salida del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dejará su cargo para postularse como candidato de Morena en las elecciones de 2024.
El pasado martes, los agricultores tomaron medidas drásticas bloqueando el aeropuerto de Culiacán, lo cual provocó la cancelación de 57 operaciones y afectó a casi 7,500 pasajeros. Ante esta presión, el gobernador Rocha solicitó a los agricultores liberar el aeropuerto y dirigir su protesta hacia las empresas privadas. Sin embargo, los manifestantes se negaron, argumentando que su objetivo es ejercer presión sobre el gobierno federal.
A pesar de la postura de los agricultores, López Obrador rechazó la estrategia y afirmó que no cedería, incluso si eso significaba mantener el aeropuerto bloqueado. Además, el presidente hizo declaraciones críticas contra los agricultores, acusándolos de ser inconformistas y de haberse acostumbrado a recibir subsidios. Según López Obrador, estos agricultores son empresarios adinerados que no representan a indígenas, pequeños campesinos ni ejidatarios, y su demanda no tiene fin.
Los agricultores de Sinaloa se encuentran en una situación difícil, ya que continúan buscando una solución a la crisis del precio del maíz mientras lidian con la falta de financiamiento y el escaso respaldo del gobierno.