Activistas han presentado serias acusaciones contra Paola Moreno Córdova, quien ocupa el cargo de Secretaria de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún. Se le señala por estar involucrada en casos de violencia familiar y abuso de poder, específicamente en perjuicio de Daisy Sarai Toboada y su hija menor, identificada como JRT, a quienes supuestamente ha intentado desalojar de su hogar.
Durante una conferencia de prensa, Toboada, respaldada por el colectivo “50+” liderado por Ludivina Menchaca Castellanos, detalló que el conflicto actual tiene su origen en el proceso de divorcio que atraviesa con Emiliano Ramos Hernández, padre de la menor. Según Toboada, durante su convivencia con Ramos y Moreno, sufrió agresiones físicas y psicológicas.
En febrero de este año, Toboada presentó una denuncia formal por violencia familiar, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación 330/2023. A raíz de esta denuncia, la funcionaria solicitó a la jueza encargada del proceso de divorcio, Jennifer Lockwood, que la vivienda donde reside la menor sea considerada en el reparto de bienes. Sin embargo, desde entonces, tanto Toboada como su hija han sido objeto de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de Moreno, quien ha utilizado su posición para influir en el proceso legal y tratar de desalojarlas de la vivienda.
Toboada afirma que el proceso está lleno de irregularidades y señala que el pasado 30 de mayo, Moreno, acompañada de policías municipales, llegó a su hogar con la intención de desalojarlas, lo cual considera un acto completamente ilegal. Ante las afirmaciones de Moreno de que necesita la casa debido a que vive en una propiedad pequeña con sus tres hijas, Toboada desmiente esa versión, ya que tanto Moreno como Ramos poseen cuatro propiedades y ella misma cuenta con un empleo como funcionaria pública, por lo que no se encuentra en una situación de desamparo.
Además, Toboada denuncia la falta de avance en la denuncia por violencia familiar contra la menor, mientras que el proceso de Moreno avanza rápidamente. Incluso ha sido programada una audiencia para noviembre, lo cual evidencia el tráfico de influencias basado en el estatus de Moreno como funcionaria.
Ante esta situación, Toboada solicita a la jueza Jennifer Lockwood que conduzca el proceso de acuerdo con la ley y pide a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, que se realice una investigación exhaustiva del caso. También hace un llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien es amiga de Moreno y participó junto a ella en el pasado proceso electoral, para que intervenga y garantice la protección de los derechos de la menor, poniendo fin al acoso y hostigamiento que ella y su madre están sufriendo.
Por su parte, Ludivina Menchaca, presidenta del colectivo “50+”, respalda plenamente las denuncias de Toboada y su hija. Además, anuncia que solicitará a la alcaldesa Ana Patricia Peralta la aplicación de la Ley 3 de 3, la cual prohíbe que personas involucradas en casos de violencia familiar y deudores de pensión alimenticia ocupen cargos públicos. Menchaca enfatiza que esta ley no discrimina por género, sino que se aplica a cualquier individuo que ejerza violencia contra otros o menores de edad. Asimismo, destaca que Moreno enfrenta una denuncia por agresión verbal y física hacia su hijastra.
Finalmente, Menchaca hace un llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, recordando su relación con Moreno, para que intervenga y se asegure de que se atienda adecuadamente este caso, velando por los derechos y la seguridad de la menor involucrada.
