El Juzgado Primero de Distrito en Mérida ha dictado una suspensión definitiva para cuatro tramos del Tren Maya que atraviesa los estados de Yucatán y Quintana Roo. Esta medida cautelar impide que las empresas encargadas del proyecto federal lleven a cabo la remoción de la vegetación forestal en áreas que no cuenten con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo.
El juez consideró que las autorizaciones provisionales emitidas anteriormente no pueden reemplazar las autorizaciones que requieren un análisis técnico y científico adecuado. Realizar la remoción sin este estudio podría causar daños irreversibles al medio ambiente.
Se ha subrayado la importancia de emitir estas autorizaciones para evitar poner en peligro el ecosistema en el que se llevará a cabo el proyecto. Permitir el inicio de los trabajos sin conocer las consecuencias y los posibles daños ambientales podría tener efectos perjudiciales.
Como resultado de la suspensión, se ha ordenado la suspensión de cualquier actividad de tala o desmonte en los tramos tres (Calkiní-Izamal), cuatro (Izamal-Cancún), cinco norte (Cancún-Playa del Carmen) y seis (Tulum-Chetumal) mientras dure el proceso judicial.
Esta medida cautelar fue solicitada a través de un amparo presentado en octubre de 2022 por organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A pesar de las decisiones judiciales favorables, todavía existen acciones legales en curso contra el megaproyecto del gobierno federal debido a las posibles afectaciones al ecosistema. No obstante, Gustavo Alanís Ortega, director de Cemda, destacó que las resoluciones favorables no han sido completamente acatadas.
“Ya ha habido suspensiones que no han sido respetadas por Fonatur y los Contratistas, lo cual constituye un delito de desacato. Si esto ocurre, se deberá informar al Ministerio Público… aquí el juez ha emitido una orden muy clara”, afirmó.
