El Ayuntamiento de Solidaridad, ubicado en el estado de Quintana Roo, ha tomado una decisión importante para proteger la autonomía municipal y garantizar la transparencia en la gestión del gasto público. El 27 de diciembre de 2022, el ayuntamiento presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley General de Comunicación Social. Fue el único municipio en el estado que tomó esta medida.
Adrián Pérez Vera, síndico municipal y apoderado legal del Ayuntamiento, y la presidenta municipal Lili Campos Miranda, acudieron a la SCJN para presentar la demanda. Pérez Vera argumentó que el Congreso General ha invadido la competencia municipal al vulnerar el artículo 115 de la Constitución, que establece la autonomía de los ayuntamientos y el cabildo. Según Pérez Vera, es el ayuntamiento y el cabildo quienes deben decidir y disponer sobre su gasto público, incluyendo el gasto en comunicación social.
El síndico también señaló que la controversia se presentó para proteger a las familias que dependen de los medios de comunicación. Si la ley se aplica sin cambios, podría prestarse a la corrupción al no pagar de manera transparente a estos medios. Pérez Vera destacó la importancia de la comunicación social como herramienta para informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, pero señaló que no es necesario realizar un gasto excesivo en este ámbito.
En resumen, el Ayuntamiento de Solidaridad ha tomado una medida valiente para proteger la autonomía municipal y garantizar la transparencia en la gestión del gasto público. La presentación de la controversia constitucional contra la Ley General de Comunicación Social es un ejemplo de la determinación de este ayuntamiento para defender los derechos de sus ciudadanos y promover la justicia y la equidad en la gestión pública.
